Las comunidades de color tienen que luchar cada vez que les amenaza un nuevo desarrollo inmobiliario. El plan We Will Chicago podría cambiar eso.
Por Clifford Helm, Comité de Abogados de Chicago para los Derechos Civiles
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(Arte: Cori Lin/City Bureau)
Este artículo es parte de la publicación ¿Beneficiará el nuevo desarrollo a su comunidad? Guía popular sobre los Acuerdos de Beneficios Comunitarios y sus alternativas.
A los habitantes de Chicago les gusta decir en broma que aquí solo existen dos estaciones, el invierno y la construcción. Pero por lo que he visto, nuestras dos estaciones son en realidad la planificación de la Municipalidad y luego, la resistencia. Desde Woodlawn y Bronzeville hasta Pilsen y el suroeste, las comunidades de color, que han sido medidas para el desarrollo inmobiliario privado, están luchando la misma batalla campal año tras año. Los activistas quieren más empleos mejor pagados, espacios verdes y viviendas agradables como las que tienen sus vecinos blancos y ricos. Quieren detener la peligrosa contaminación, el aumento de las rentas y el desplazamiento generacional antes de que ocurra. A veces ganamos, pero es como cortar cada hoja del césped con tijeras cuando lo que necesitamos es un podadora. Sin embargo, los desarrolladores inmobiliarios privados, con la ayuda de los funcionarios de la Municipalidad, ganan la partida 9 de cada 10 veces. Esto podría cambiar si la ciudad adopta en su plan We Will Chicago las estrategias de lucha forjadas por los grupos comunitarios. Pero primero, hay que entender cómo hemos llegado hasta aquí.
Chicago es una de las ciudades más segregadas del país, con grandes diferencias raciales en la calidad de la educación, la riqueza y la salud, que parecen empeorar con el tiempo. Estos invariables mapas raciales son el resultado de una historia de prácticas y políticas intencionalmente racistas, como son las prácticas discriminatorias y los pactos raciales restrictivos, que han dado forma a nuestros vecindarios segregados y han producido patrones de falta de inversión sistémica de las comunidades de color. En el Comité de Abogados de Chicago para los Derechos Civiles, cuando hablamos de “desarrollo inmobiliario equitativo”, nos referimos a que Chicago necesita nuevas prácticas y políticas que cambien por fin el mapa. Se necesitan cambios pequeños y grandes; y sabemos que, a menos que haya un desmantelamiento intencional de los antiguos sistemas, todo lo que se construya sobre la base de estas injusticias no hará más que perpetuarlas.
¿Qué implica realmente un desarrollo inmobiliario equitativo? Una de mis definiciones favoritas es la de la Alianza Gubernamental de la Raza y la Equidad, que lo describe como “cuando residentes y trabajadores, actuales y nuevos, de un vecindario, experimentan equitativamente los resultados de una buena calidad de vida, como viviendas asequibles, educación de calidad, salarios justos y un medio ambiente y transporte saludables. La organización pone énfasis en que “las inversiones públicas y privadas, los programas y las políticas en los vecindarios [deben] satisfacer las necesidades de los residentes, incluidas las comunidades de color y reducir las desigualdades raciales, teniendo en cuenta la historia y las condiciones actuales”.
Una parte fundamental de esta idea es que no podemos limitarnos a reconocer la historia racista de nuestras políticas; tenemos que aceptar que éstas se siguen perpetuando en la actualidad. En Chicago, programas como el Folded Map Project de Tonika Johnson nos muestran la relación directa entre las históricas prácticas discriminatorias de las comunidades negras y como esos vecindarios continúan experimentando segregación, falta de inversión y pobreza.
Otros esfuerzos (como el proyecto Just Action convocado por Chicago Unido para la Equidad, Elevated Chicago y el Museo Nacional de la Vivienda Pública) aceptan con brazos abiertos los pasos necesarios que se dan después de reconocer nuestra historia. Su teoría para esta aceptación histórica requiere reconocer la historia, cambiar los esquemas de poder y aceptar la rendición de cuentas. Para practicar el desarrollo inmobiliario equitativo en Chicago, debemos reconocer continuamente la historia de la planificación y el desarrollo inmobiliario que ha creado nuestra ciudad segregada. Pero también debemos entender cómo alejar el poder de las estructuras que siguen perpetuando los daños. Al hacerlo, debemos reconocer que el “mercado” tiene un sesgo hacia las ganancias que no encaja con la idea del desarrollo inmobiliario equitativo y que la mayoría de los desarrollos inmobiliarios con fines de lucro no crearán resultados equitativos, a menos que se les exija que lo hagan.
Hay algunas señales alentadoras, pero todavía estamos muy lejos de conseguir este desarrollo equitativo en Chicago. Los desarrolladores privados y los urbanistas suelen dar falsas promesas sobre el desarrollo inmobiliario equitativo utilizando dos términos específicos: “participación comunitaria” y “beneficios comunitarios”. Sin embargo, estos conceptos rara vez se recopilan y se incorporan en la planificación de una manera que fomente la equidad. Esto se debe a que los desarrolladores han considerado sistemáticamente a la “participación comunitaria” como una forma más elaborada de “avisarle a la comunidad”. Lo que falta es que rindan cuentas sobre esta participación o los beneficios. La rendición de cuentas en la participación comunitaria requiere que aquellos que sufren la carga de nuestra historia y sus consecuencias modernas, tengan un aporte significativo en esos proyectos. La rendición de cuentas en los beneficios comunitarios requiere que el desarrollo inmobiliario responda activamente a las cargas que crea el proyecto, junto con todo el contexto histórico en el que se adentra.
En nuestro sistema actual, existe un gran deseo de que los líderes acepten este proceso, pero una voz igual (o más fuerte) se resiste a los cambios del statu quo. La concejala Jeanette Taylor (distrito 20) fue elegida por la posibilidad de crear un cambio de poder en una comunidad que sufre por la falta de inversión. Pero el exconcejal John Arena (distrito 45) perdió su elección porque apoyó la construcción de viviendas asequibles en una zona que no contribuye muchas viviendas asequibles a Chicago.
Incluso en los casos en que las fuerzas políticas están dispuestas a afrontar el problema, se requiere un esfuerzo monumental, debido a que no existe una norma sobre cómo debemos incluir la participación o los beneficios comunitarios en los desarrollos inmobiliarios. En Bronzeville, la concejala Sophia King (distrito 4) ha defendido que haya participación y beneficios comunitarios en la enorme renovación inmobiliaria del Hospital Michael Reese. Pero el proyecto es tan grande que la participación comunitaria y la rendición de cuentas hacia la comunidad representan un gran desafío. Es inevitable que el proceso nunca satisfaga las necesidades de las personas afectadas, o incluso que nunca afronte eficazmente las posibles desigualdades creadas por un megadesarrollo que se aprovecha de incentivos fiscales federales lucrativos.
En estos casos, tenemos que preguntarnos por qué las políticas de desarrollo inmobiliario equitativo se dejan en manos de los concejales, que están atrapados entre dinámicas políticas imposibles. La respuesta, diría yo, es que nuestra historia de planificación urbana ha creado esta dinámica de forma que dificulta intencionalmente la inclusión de las voces de aquellos que se ven afectados.
Dado que no hemos establecido una política de desarrollo inmobiliario equitativo en toda la ciudad y ni siquiera contamos con una estrategia coordinada para desmantelar el paradigma racista existente, nuestra política municipal actual consiste básicamente en aceptar que se perpetúe el daño.
Este es el panorama difícil por el que tienen que navegar las organizaciones comunitarias y los residentes. A pesar de que el balance de poder se inclina en su contra, han triunfado gracias a su poder de organización y a su defensa colectiva.
Una de las herramientas más sólidas que tenemos en esta lucha es el Acuerdo de Beneficios Comunitarios (CBA, por sus siglas en inglés). Tal y como lo definió Julian Gross en 1998, un CBA es un contrato que exige a un desarrollador que satisfaga una serie de necesidades de la comunidad. Dicho de otro modo, los CBA le exigen al desarrollador objetivos concretos que respondan a las necesidades más importantes de la comunidad, a la vez de que mitiguen los daños y compartan la nueva inversión con los residentes de toda la vida. Uno de los rasgos que definen un CBA es que debe crearse y acordarse con la retroalimentación, la participación y la inversión sustanciales de una amplia gama de residentes y organizaciones comunitarias que se verán afectados por el desarrollo inmobiliario.
Esto es especialmente importante en Chicago, donde las comunidades de color son vulnerables a la explotación y la extracción de riqueza. Por eso, la primera fase de la elaboración de un CBA se centra en los aportes de los más vulnerables, como los inquilinos que corren el riesgo de ser desplazados, los miembros de la comunidad con problemas de salud causados por la contaminación, las familias perjudicadas por la falta de inversión en escuelas y aquellos afectados por el encarcelamiento masivo.
Las campañas a favor de los CBA se llevan a cabo en una atmósfera donde los desarrolladores y muchos funcionarios públicos a menudo comparten la mentalidad de que cualquier desarrollo inmobiliario es bueno, y por lo tanto ya de por sí es un beneficio. Los desarrolladores suelen utilizar el lenguaje de los “beneficios comunitarios” cuando hacen presentaciones públicas exigidas por la Municipalidad. Es importante hacer preguntas cuando los desarrolladores prometen estos beneficios, como: ¿Quién ha participado en esta conversación? ¿Cómo identificó el desarrollador a las “partes interesadas de la comunidad”? ¿Crea el beneficio un mecanismo de rendición de cuentas significativo hacia las personas en la comunidad y sobre el impacto probable que tendrá el desarrollo inmobiliario? Si la respuesta es negativa, entonces podría ser el momento de luchar por un CBA que enfoque las experiencias y los efectos de aquellos en la comunidad que soportarán el peso de los resultados negativos de un desarrollo inmobiliario.
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En Chicago solo se han firmado unos cuantos CBA. En un ejemplo reciente, un nuevo dispensario de cannabis ubicado en West Loop, llamado Nature's Care, firmó un CBA con una coalición comunitaria que le exige compromisos de contratación, salarios y reparto de ganancias con personas desproporcionadamente perjudicadas por la Guerra Contra las Drogas. Pero algunos grupos, como la Coalición de Acuerdos de Beneficios Comunitarios de Obama han hecho más de lo exigido en su campaña del CBA, para conseguir un objetivo más escurridizo: trasladar el poder de los desarrolladores a los miembros de la comunidad.
El cambio de poder que logró la Coalición de Acuerdos de Beneficios Comunitarios de Obama es extremadamente importante en una ciudad notoriamente a favor de los desarrolladores como es Chicago. Sin este cambio de poder, las comunidades deben pedir una y otra vez protecciones muy necesarias e inversiones equitativas, sin tener opciones reales o influencia para lograr esos objetivos. En la mayoría de los casos, los residentes simplemente tienen que tener la esperanza de que un “buen” desarrollador o un “buen” concejal, pueda impulsar un cambio significativo.
Desafortunadamente, cada campaña lidia con un síntoma en lugar de la causa. Sin una política amplia para toda la ciudad que busque un desarrollo inmobiliario equitativo significativo, hay muy poca influencia que los miembros de la comunidad puedan ejercer para forzar estas conversaciones. Su influencia depende, desafortunadamente, de si tienen un concejal que esté alineado con sus objetivos.
Nuestro sistema actual da prioridad a las negociaciones entre el desarrollador, el concejal y el Departamento de Planificación y Desarrollo (DPD). El sistema ofrece un incentivo para que el desarrollador negocie con el DPD de manera que se incluyan ciertas prioridades identificadas por la Municipalidad. Pero según mi experiencia, históricamente el DPD no ha sido capaz de crear una participación comunitaria significativa para identificar sus prioridades. Los planes solo se comparten a regañadientes o cuando un desarrollador o un concejal deciden que es una buena idea hacerlo, dejando a la comunidad afectada fuera del proceso hasta el último minuto posible. El proceso elimina dos de los elementos más importantes para que las comunidades afectadas participen en el proceso: el tiempo y la información. En el mejor de los casos, se trata de una política conveniente que quienes tienen acceso al sistema no parecen tener interés en cambiar. En el peor de los casos, se siente como algo intencional.
La buena noticia, es que existe la posibilidad de confrontar este problema con el plan We Will Chicago, propuesto por la Municipalidad. Aquellos que son responsables de crear políticas públicas están recabando las opiniones de los ciudadanos, a través de grupos de investigación compuestos de voluntarios, talleres, reuniones con el formato de juntas comunitarias donde se dan recursos y otras actividades, con el fin de crear un plan para toda la ciudad. El plan espera afrontar de forma exhaustiva siete pilares o áreas temáticas distintas. Los pilares están entrelazados y en gran parte afrontan directamente las injusticias del desarrollo inmobiliario y del acceso a viviendas en toda la ciudad. Existe una gran oportunidad para que este plan incluya una rendición de cuentas significativa hacia las comunidades afectadas por cualquier cambio que el plan haga en las políticas de desarrollo inmobiliario, de vivienda y del medio ambiente.
Estoy siendo cautelosamente optimista de que podemos ver un cambio en el enfoque de la Municipalidad a través de los resultados del plan We Will Chicago. Este plan es un esfuerzo masivo que intenta centrar las voces de la comunidad de una manera que definitivamente no es la manera usual que se haría en Chicago. Una de las razones para ser optimista, es que los participantes de las reuniones han expresado constantemente la idea de que el plan debe centrar las fuerzas impulsoras de la equidad y la resiliencia a través de un enfoque de aceptación de la historia. Como resultado de esta defensa, el plan We Will Chicago incluye en sus principios y temas, la equidad, la resiliencia y la aceptación de la historia.
Pero dicho plan podría ser fácilmente ineficaz, descartado o apropiado por otros. Podría solamente influenciar de manera sutil los planes de desarrollo inmobiliario en Chicago, en lugar de crear un cambio sistémico. Y aunque se están incluyendo, no sabemos del todo cómo el plan propuesto incorporará los conceptos de equidad, resiliencia y aceptación de la historia.
Las campañas del CBA y los movimientos de desarrollo inmobiliario equitativo se basan en la aceptación de la historia y el traslado de poder. El plan We Will Chicago ofrece la oportunidad de tener esta conversación a nivel de la Municipalidad y no en campañas aisladas. Para tener éxito, dicho plan debe incorporar estas lecciones en la forma en que la Municipalidad toma decisiones de planificación y de políticas públicas.
Este tipo de cambio no hará que las campañas impulsadas por la comunidad y las campañas del CBA sean menos necesarias, pero podría darles más influencia para trasladar el poder de forma más eficaz. La Municipalidad podría utilizar elementos como las evaluaciones de impacto obligatorias (como son las evaluaciones sobre impactos en la equidad racial o las evaluaciones de impacto ambiental) que centren de manera significativa la conversación en las personas que se enfrentan a las innumerables consecuencias negativas de nuestra historia, a nuestras innumerables luchas contra la falta de inversión, a nuestros problemas de ser desplazados y nuestro terrible historial de viviendas justas. Si a la hora de crear sus recomendaciones de políticas públicas el plan We Will Chicago se centra de forma significativa en la equidad y en la aceptación de esta historia puede que incomode a la gente que tiene el poder. Y tenemos que estar de acuerdo en ello. Podrían construirse viviendas asequibles en zonas más caras o excluyentes. La demolición de edificios multiresidenciales en zonas en proceso de gentrificación podría ser más difícil. La inversión pública podría tener que asumir más riesgos para así crear propiedades cuyo dueño sea la comunidad y crear riqueza en la comunidad. Los desarrolladores privados podrían perder acceso a los políticos.
Pero hasta que no se vean cambios como éstos y que no se cree un sistema de verdadera participación y rendición de cuentas con las comunidades, los defensores seguirán luchando la misma batalla interminable por la justicia.
Clifford Helm es abogado del Comité de Abogados de Chicago para los Derechos Civiles. Ha redactado acuerdos de beneficios comunitarios y creado estrategias y políticas para el desarrollo inmobiliario equitativo con la colaboración de organizaciones comunitarias, coaliciones, organizaciones sin fines de lucro y cooperativas en todo Chicago. Actualmente, se centra en el derecho al voto, la reordenación de distritos y la protección de los votantes durante el día de las elecciones.
¿Beneficiará el nuevo desarrollo a su comunidad? Guía popular sobre los Acuerdos de Beneficios Comunitarios y sus alternativas. Esta guía informa, activa y prepara a los residentes de Chicago para que sean participantes en el proceso de desarrollo. ¿Quiere compartir esta publicación con sus vecinos? Puede ordenar copias impresas en inglés y en español, aquí.
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